…Por Manuel Cárdenas Fonseca
A pesar de ser una de las principales demandas de las organizaciones sociales, la Ley General de Víctimas, publicada hace más de tres años, continúa sin ser una realidad en México. Hoy quienes han sido afectados por el delito, son víctimas también de una ley inoperante que no atiende sus necesidades y que no cuenta con los mecanismos adecuados para responder a sus reclamos.
Durante estos más de 3 años, el sistema nacional de atención a víctimas ha pretendido operar en medio de una serie de irregularidades y hasta ilegalidades, como el que fuera expedida la ley en el materia sin estar expresamente facultado el Congreso de la Unión para hacerlo (la reforma que lo permite se publicó en el DOF en junio de 2016), como que el comisionado ejecutivo se ostentara como un órgano descentralizado, no sectorizado, cuando la ley no lo señalaba, sino sólo el reglamento que no tiene fuerza legal; como que el fondo de ayuda no tenga reglas claras de operación que lo hacen prácticamente inaccesible para las víctimas y generan opacidad en su operación, y así podríamos seguir nombrando.
¡Santa impunidad y corrupción tolerada y permitida por unos y por otros: Si eso constituye ejercicio indebido de funciones, suplantación de encargo, gasto ilegal, desvío de recursos en la menor de las expresiones y, ninguna organización lo planteó ni plantea pues la actualización de esos delitos es diáfana y el ejercicio en contra de las autoridades no ha prescrito. Luego se quejan de impunidad y corrupción y los entes legítimos para ello sólo callan.
Lo que podemos ver a la distancia, es que los recursos del fondo de ayuda no están llegando a las víctimas, que los que llegaran lo hicieron en muchos de los casos violando el marco legal, que las entidades federativas no han cumplido con la homologación de leyes y la creación de sus comisiones locales (en donde se deben atender más del 90% de los casos); que el consejo de la comisión ejecutiva no ha operado con todos los miembros que marca la ley, que su estructura no es la más operativa y funcional. Pero sin embargo, no se han tomado las medidas inmediatas para ir corrigiendo estos problemas, porque no se cuenta con los mecanismos de supervisión y control adecuados, y sí mucha irresponsabilidad y negligencia.
Baste señalar como muestra de la inoperancia de este sistema que de los 1,536 millones que tiene el fondo federal de víctimas sólo se ha erogado el 3%, y que de los 7,664 solicitantes de registros en el fondo han sido inscritos solamente 3,875 y de ellos sólo el 3.5% de ellos ha recibido apoyo. Este es el tamaño del problema burocrático de incompetencias, negligencias, omisiones que enfrentan las víctimas del delito en el país.
El pasado 4 de noviembre fueron aprobadas por el pleno de la Cámara de Senadores reformas a la Ley General de Víctimas que si bien incorporan importantes avances, también muestran graves insuficiencias y retrocesos.
Reconozco el que se hayan incorporado en la ley a los desplazados internos y se establezca una mayor transparencia y vigilancia en el manejo de los fondos de víctimas, pero me preocupa que se haya excluido a las organizaciones sociales y a las víctimas de la formulación, instrumentación, control y evaluación de todo el sistema de atención a víctimas, dándole a su participación sólo un carácter consultivo (voté en Comisiones en contra de eso). No es conveniente tener una Asamblea donde las representantes sociales solamente sean observadores (invitados de “piedra”) esto, desafortunadamente generará diferencias, inconformidades y desacuerdos.
Me parece preocupante también el que se haya transformado al Comisionado Ejecutivo de un órgano colegiado en un órgano unipersonal nombrado por el ejecutivo federal (terrible por parte de PRI y PAN que así acompañaron el Dictamen y tienen los votos), porque elimina controles y contrapesos, y deja las decisiones en una sola persona. Las reformas tampoco incorporaron claramente (como lo propuse en comisiones) quién es el órgano responsable de hacer cumplir el derecho de las víctimas de tener acceso ágil, eficaz y transparente a los recursos de los fondos.
Ahora le toca a la Cámara de Diputados trabajar sobre estas reformas y espero que atiendan las insuficiencias que presentan, pero sobre todo que atiendan las voces de las víctimas que quieren una ley más adecuada y que responda a sus realidades.
Diputados Federales: les ruego atiendan estos comentarios y la voz de las víctimas y sus derechos. Regresen al Senado la minuta con esos cambios enumerados anteriormente.
Organizaciones: Hagan valer su voz en todo espacio y tiempo, no permitan que suceda lo que hicieron compañeros en el Senado que acallaron con su “mayoriteo” y descontextualizaron el tema.
Aún es tiempo para hacer cambios que realmente impliquen tener una mayor capacidad de atención. No cometamos la torpeza de repetir los errores de cuando se aprobó la Ley General de Víctimas. Dan pena quienes desde el Senado presumen este acuerdo mostrenco.
Es necesario impulsar un cambio legal que tenga mayor permanencia y un alcance más amplio.
Se necesita la creación de un sistema nacional de atención a las víctimas eficaz, con recursos y personal suficientes para atender de manera rápida e integral a las víctimas del delito en México, que son muchas, ya suficiente tenemos con tener que legislar sobre la materia y, aparte, que lo hagan mal por quien sabe que intereses aviesos.
¡Muchas gracias y sean felices!
manuelcardenasfonseca.mx
@m_cardenasf
