.. Por Manuel Cárdenas Fonseca ..
¿Cuántos muertos más? ¿Cuántas familias más desintegradas? ¿Cuánto más miedo y angustia? ¿Cuántas más balas disparadas? ¿Cuántos más reclamos sociales? ¿Cuántos más días sin escuelas y de encierro? ¿Cuánta más violencia? ¿Cuánta más sangre y terror se necesita para que por fin se lleve seguridad y tranquilidad a todos los sinaloenses?
En Sinaloa, como en otras entidades, enfrentamos una creciente violencia e inseguridad que no parece tener fin.
Ante gobiernos estatales subsumidos al uniforme castrense e incapaces de articular lo que señala la Constitución sobre el particular y no querer asumir sus responsabilidades en materia de seguridad pública o bien, se niegan irresponsablemente a pedir formalmente el auxilio de los poderes de la Unión (artículo 119 constitucional [nadie conoce y a nadie muestran la petición formal y sólo es de café o llamada telefónica]) y congresos locales que sólo están de estatuas de sal cuando tienen la misma facultad que el poder ejecutivo estatal, de suyo, primigeniamente la tiene el Congreso y si está en receso pasa al poder ejecutivo siendo ausentes y sin duda omisos, que no han levantado la voz para exigir justicia y que se actúe con legalidad en las tareas de seguridad pública en la entidad de que se trate.
Ante la violencia, en varias ciudades de Sinaloa y en otras del país, vivimos realmente en los hechos un estado de excepción, con escuelas y negocios cerrados, con miedo de salir a las calles y de disfrutar los espacios públicos, con patrullaje militar permanente y con muchos de nuestros derechos y garantías constitucionales limitadas, pero legalmente esto parece no existir, no se ha decretado suspensión de garantías como lo establece el artículo 29 constitucional, ni existe petición expresa del Congreso estatal a la federación para que le presten protección a la entidad frente a trastornos interiores, como está consignado en el artículo 119 de la Carta Magna. Entre la realidad y la ley la brecha es cada día mayor y nadie parece darse cuenta. Se ha hecho de la urgencia un pretexto para actuar permanentemente al margen de la Constitución y de las leyes.
Pero lo más preocupante es que el temor y la zozobra (y sin dudas la falta de información y transparencia de los gobiernos locales) ha llevado a muchos sectores de la sociedad a estar dispuestos a renunciar a sus derechos y a que se aplique la ley con tal que la situación se resuelva. Pero la situación no se ha resuelto sino que se ha puesto peor. Cuando se actúa al margen de la ley no hay garantías, sólo prevalece la discrecionalidad y la arbitrariedad y a final de cuentas es la propia sociedad la que paga los “platos rotos”.
La presencia de las fuerzas armadas de manera discrecional e inconstitucional en Sinaloa no es algo nuevo, el anterior gobernador (Mario López Valdez) hasta se preciaba de decir que las leyes había que hacerlas a un lado, y las cifras y los propios hechos nos muestran que tampoco ha sido algo exitoso. La delincuencia y la violencia han crecido exponencialmente; el año pasado Sinaloa fue de las entidades del país con mayor número de homicidios dolosos, y en este nuevo gobierno, en tan sólo mes y medio de lo que va del año ya van alrededor de 150 homicidios de este tipo (habría que ver los no reportados oficialmente) y la cifra sigue creciendo.
Más allá de que se atribuya la creciente violencia en el estado a la pugna por la plaza entre grupos de la delincuencia organizada, después de la extradición del señor Guzmán, lo cierto es que la estrategia de seguridad pública seguida en el estado, con la participación de las fuerzas armadas, muestra claras evidencias de ser un fracaso.
Es una estrategia que se ha basado en la incorporación de militares en mandos de seguridad pública estatal y municipal y en el patrullaje de militares con corporaciones civiles en distintas zonas.
Es una estrategia que cree que con la presencia militar se inhiben y desaparecen automáticamente las actividades criminales. Pero esto no es cierto, por el contrario, la presencia militar puede provocar reacciones que incrementan la violencia, como ha sucedido. Mientras esta estrategia sólo sea reactiva e ingenuamente disuasiva, y no se enfoque al verdadero problema que está en desarticular a los grupos delincuenciales, a romper sus redes económicas y de complicidades políticas, la presencia de las fuerzas armadas, además de inconstitucional, sólo se reflejará en el incremento de la violencia y la delincuencia, y en violación a los derechos humanos de los sinaloenses.
Pero la estrategia no cambia, se refuerza incrementando la participación de fuerzas armadas.
No conozco de un diagnóstico situacional de alguna entidad federativa, menos de Sinaloa, que a su vez incorpore la salida del problema con la implementación de un programa y estrategia para tener cuerpos policiacos capaces y se cumpla con la obligación, obligación, constitucional.
Señores gobernadores, no es una dádiva, es su obligación y la ley les impone la misma. No es a contentillo.
Eso me recuerda la anécdota del vendedor de productos para la caída del cabello, claramente con problemas capilares, al que el cliente le pregunta “oiga si usted usa este producto ¿por qué tiene tan poco pelo? a lo que el vendedor responde “¡Imagínese si no lo usara como estaría!”.
Y no es regatearle los esfuerzos realizados a las fuerzas armadas, que han aceptado públicamente no estar capacitados, no ser aptas, para tareas de seguridad pública; a fin de cuentas ellos sólo reciben órdenes mismas que no deberían de acatar pues son ilegales.
La verdadera responsabilidad está en los gobiernos que actúan al margen de la ley; en las autoridades locales que eluden su responsabilidad evidente en el tema y en las legislaturas locales que hacen “oídos sordos” y dejan que las cosas pasen sin control, cuando en sus manos está hacer cumplir lo que establece nuestra Constitución y darle al pueblo sinaloense las garantías que merecen y a las que tienen derecho..
Ya es hora de actuar con apego a la legalidad, ya es hora que las autoridades estatales y municipales de todas las entidades federativas dejen de evadir sus responsabilidades en materia de seguridad pública y actúen para devolverles la tranquilidad a los sinaloenses.
Si los otros gobernadores no lo hacen y los alcaldes siguen timoratos junto con sus Congresos, en Sinaloa, ya es hora de poner fin a eso y de dejar de vivir a sangre y fuego.
Pareciera que el “debate” les es el pretexto para no hacer nada y la absurda iniciativa o iniciativas de “seguridad interior”, cuál pelmazo, les acomoda para su irresponsable omisión.
Para cuando cambie el viento ya se habrá llevado hasta sus últimas pertenencias señores gobernadores.
Pero lo que más vergüenza ajena da es ver a un Senado proclive a cortesanas actitudes incluyendo las acciones con la ILEGAL Conferencia de Gobernadores, pomposamente llamada este poder fáctico, ilegal, “CONAGO”. Vaya manera de violar la constitución en su artículo 117.
¡Muchas gracias y sean felices!
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