Marco Antonio Lizárraga …
“La reina del mundo es la fuerza y no la opinión, pero es la opinión quien usa de la fuerza”, Blaise Pascal
CAMBIOS
El malovismo sufrió un golpe duro y tupido con lo ocurrido ayer durante la conferencia de prensa donde se dio a conocer que seis exfuncionarios municipales fueron sancionados y algunos de estos inhabilitados derivado de las investigaciones por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Son seis personas que laboraron con el exgobernador Mario López Valdez y que son la primera criba de las investigaciones que se desarrollan por parte de esta dependencia, lo que indica que viene más.
El golpe fue de precisión, ya cuando al parecer las aguas se habían apaciguado luego de una polémica por la aprobación de las cuentas pública de Mario López Valdez, vino esta inhabilitación de exfuncionarios.
El hecho está en que los funcionarios quedaron sin posibilidades de ocupar un cargo público por al menos 10 años en el mayor de los casos y la obligación de reintegrar más de 66 millones de pesos para reparar el daño.
El hecho está en que se indicó que la información que se manejó en los informes que se tuvieron contra tres ex servidores públicos que alteraron información para solicitar al Sistema de Administración Tributaria, la validación de los formatos INC-1 e INC-4, con la finalidad de obtener su devolución mediante estímulos provenientes de las acciones de fiscalización concurrente, generando un daño económico al Estado por la cantidad de 14 millones 284 mil 276 pesos.
El asunto fue que se vieron varios funcionarios involucrados en este tema, las acciones se implementaron al ex director de Fiscalización de la Secretaría de Administración y Finanzas, Jesús Alanís Cháidez, este funcionario obtuvo la inhabilitación más alta de 10 años para trabajar en el gobierno y una sanción económica por 21 millones 426 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado.
Quien también entró de lleno en esta sanción fue el ex subsecretario de Ingresos de la SAF, Clodomiro Espinoza García, a quien se inhabilitó 3 años para desempeñar servicio público y sanción económica por 14 millones 284 mil 276 pesos más un peso.
Otro más que entró en la polla fue el ex director Política Tributaria de la misma dependencia, Everardo Ayala López, a quien también se le castigó por 10 para no trabajar en puestos de gobierno y tendrá que regresar 17 millones 855 mil pesos, que corresponde al daño patrimonial y un cuarto más del tanto más del daño causado.
Otro que no sorprendió quien recibiera una sanción fue al mismo exsecretario de Turismo Rafael Lizárraga Favela quien ahora labora como subsecretario en la misma dependencia le fue aplicado una sanción de un mes sin goce de sueldo.
El ex secretario Técnico, Luis Ángel Pineda Ochoa, se le impuso una sanción de estar inhabilitado por 8 años y una sanción económica por 12 millones 977 mil 697 pesos, que corresponde al daño patrimonial y medio tanto más del daño causado.
En esta dependencia fue también el ex jefe de Departamento Administrativo, Luis Martínez Romero, a quien se le inhabilitó por 6 meses
En esta dependencia, se realizaron las sanciones e inhabilitaciones por 8 millones 651 mil 798 pesos que quedaron volando y que según se pagaron a presuntos proveedores de campañas vacacionales denominadas “CAMPAÑA DELTA VACATIONS 2016”, “CAMPAÑA CANWEST 2016” y “CAMPAÑA CONTINENTAL AIRLINES”, sin tener los documentos para comprobar el gasto y omitir presentar el contrato de prestación de servicios correspondiente y el expediente que ampare la adjudicación.
Este sin duda es una aplicación completa de la llamada espada de la justicia donde a Juan Pablo Yamuni, actual diputado local y extitular de la Unidad de Transparencia, pero que en su caso ni cosquillas hizo.
Guadalupe Yan, en menos de nueve meses, ya lleva en su haber seis funcionarios sancionados por los desvíos de recursos y la mala aplicación, y esto apenas es la punta del iceberg de lo que se está investigando
Esto llama la atención de cómo se han estado manejando las cosas, pero también llama la atención que no entrara en el juego el exsecretario de Turismo Francisco Córdova Celaya o Armando Villareal Ibarra, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Pero es de esperarse que estén sometidos a una investigación más profunda pues aún faltan dependencias por sacar a relucir los desvíos y las sanciones, porque en estas aplicadas es devolver ese recurso, que a ver de dónde lo sacan.
En la que está en el ojo del huracán es la Secretaría de Salud donde se encontraron diversas anomalías, así como un desaseo financiero, una falsa contabilidad, pago a proveedores sin las facturas, en fin, toda una caja de pandora, por esta razón el actual secretario de Salud ha batallado en echarla a andar.
Lo más grave de lo que dejó Ernesto Echeverría Aispuro es el desvío de recursos, opacidad en la aplicación del recurso federalizado, pero también con el pago a “aviadores”, y un patrimonio substancialmente menor al declarado al 31 de diciembre del 2016, que en suma totalizan irregularidades por 985.9 millones de pesos, esto tan sólo en el último año de gobierno.
Echeverría Aispuro y sus compinches dejaron una diferencia de 141 millones de pesos entre el saldo registrado y el saldo real en estados de cuenta bancarios, debido principalmente a un número considerable de cheques no cobrados, en este rubro.
Desde hace varios meses se venía anunciado anomalías en estas secretarías, derivadas de la relación que tenía Echeverría con sus socios comerciales y donde se aplicaba el recurso que se tenía destinado para laboratorios y medicamentos.
Una dependencia que en breve se aplicarán sanciones y donde puede repercutir en acciones legales por el desvío de recursos.
Esto habla que, en este gobierno, hasta el momento se ha demostrado el compromiso que se tiene con la transparencia y rendición de cuentas, y corta de tajo los comentarios vertidos a un posible acuerdo con el mandatario con los malovistas.
Hay mucho tema para este asunto, pero queda claro que con el gobernador Quirino Ordaz no se va a salvar nadie, incluso si es funcionario en este gobierno, el que entendió, entendió.
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