Al rendir protesta como nuevo Gobernador Constitucional de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel fue contundente al anunciar que meterá a la cárcel a los funcionarios corruptos.
En forma terminante advirtió que: “el dinero público es de los ciudadanos. Estamos obligados a cuidarlo, a usarlo con transparencia y a evitar cualquier mal manejo del mismo”.
Anunció y ya lo está cumpliendo que enviaría al Congreso iniciativas para armonizar el sistema estatal anticorrupción con el federal, entre otras y, en efecto, este martes el Secretario General de Gobierno Gonzalo Gómez Flores entregó al poder legislativo cuatro iniciativas.
La primera es precisamente la de armonización con la ley federal, para la implementación en Sinaloa del sistema estatal y municipal anticorrupción que contiene no solo candados sino penas de cárcel para los corruptos.
Las otras tres son: Reformas a la Constitución política local, para la creación de la Fiscalía General del Estado, una Iniciativa de Ley de mecanismos alternativos para la solución de controversias y diversas reformas al Código Penal del Estado.
Esta última complementa la primera, pues con ellas se trata de convertir al peculado, el cohecho y el abuso de autoridad en delitos graves, con el fin de que todo servidor público que desvíe recursos públicos, no pueda salir libre bajo fianza y se quede en la cárcel, como castigo a su conducta contra la sociedad en general.
Bien por las medidas para evitar que siga la corrupción, que al amparo de los puestos públicos surjan nuevos millonarios como ocurrió en el recién terminado régimen malovista.
Pero la ciudadanía sinaloense espera que las acciones penales que castiguen a los corruptos alcancen también a los que se aprovecharon de la confianza de los ciudadanos que creyeron en las falsas promesas de Mario López Valdez y le otorgaron el voto para llevarlo al poder y la confianza de los sinaloenses en general, defraudados por un excéntrico Gobernador que divertía a algunos con sus bailes de cadera mientras las finanzas del Estado, nuestros impuestos eran desviados hacia obras caprichosas y no prioritarias.
Desviaciones de recursos federales las hubo, y millonarias.
Asignación de obras por telefonazos, es decir a cuates o familiares recomendados las hubo.
Ni que decir de familiares y cuates que se convirtieron en proveedores a través de empresas fantasmas.
Ahí están las revelaciones que hizo el entonces Secretario de Obras Púbicas José Luis Sevilla ante los diputados, en donde además de los contratos asignados sin planeación y por telefonazos mencionó una partida de 100 millones de pesos de la federación etiquetados para una obra, de la que en la SAyF le mocharon primero 15 y luego 5 millones mas.
Son muchas las obras no planeadas ni presupuestadas, sino ejecutadas simplemente para satisfacer caprichos y para beneficio de los “cuates” aunque no fueran constructores.
Esto es apenas la punta del iceberg.
Hay mucho, mucho mas de corrupción e ilícito enriquecimiento de funcionarios, familiares, empleados de confianza y amigos.
Ahí están, además, las deudas que le dejaron al gobierno de Quirino Ordaz con maestros, constructores y proveedores reales, no fantasmas que a éstos si les pagaron puntualmente.
El nuevo Gobernador estableció el compromiso de actuar con mano dura contra los corruptos, pero esa mano dura debe extenderse también hacia atrás, sobre los ex funcionarios.
Si no lo hace confirmará la opinión que se generaliza entre la sociedad sinaloense: que hubo acuerdo de no hurgar en la administración saliente, es decir, darle inmunidad.
Lo que demandan los sinaloenses no se trata de “cacería de brujas”.
Las brujas no existen y si existieran, no estaban en el gobierno malovista, aunque eso sí, hay quienes llegaron “brujas” y salieron millonarios.
Solamente se trata de aplicar la ley a los corruptos que se aprovecharon del poder y se burlaron de los sinaloenses..
¡Que no le tiemble la mano, señor Gobernador!
¡Actúe sin contemplaciones!
