…..Por Manuel Cárdenas Fonseca
La lucha contra la impunidad en México requiere de grandes esfuerzos y de una completa articulación de normas y de instituciones en los tres órdenes de gobierno. El Sistema Nacional Anticorrupción no tendrá éxito y no logrará sus objetivos mientras persistan en las entidades federativas las ya insostenibles prácticas de privilegios y “acuerdos en los obscurito” amparadas en leyes a modo.
México parece negarse a dejar de ser un país de contrastes en todas las áreas. Mientras en el orden federal nos empeñamos en establecer mecanismos legales e institucionales que contribuyan a la transparencia y la rendición de cuentas y que frenen actividades ilegales de los gobiernos y los particulares que afectan el patrimonio y el bienestar nacional, en los hechos, muchas entidades federativas se resisten a dejar de ser pequeños reinos sin control ni freno, que cobijan y favorecen los intereses de grupos.
Los gobiernos han convertido a muchas entidades federativas en verdaderos paraísos de impunidad y corrupción, con la complacencia de los congresos locales, la sumisión de autoridades judiciales y de fiscalización, y la complicidad de políticos y empresarios de nuevo y viejo cuño.
Los casos de Veracruz, Sonora, Chihuahua y Quintana Roo, no parecen ser excepciones a la regla, sino tan sólo la punta del iceberg que muestra la discrecionalidad y la impunidad con que se actúa en estos reinventados cacicazgos, en donde la sociedad, los “de a pie”, somos los únicos que perdemos ante la rapiña de los poderosos que son los menos, pero los más voraces.
Por ello, el reto que tenemos para poner en marcha un sistema nacional anticorrupción que opere eficazmente a nivel federal, local y municipal, no es para nada menor.
Tenemos que romper inercias y prácticas locales que favorecen la corrupción y la impunidad.
Tenemos que acabar el sistema de prebendas y beneficios, para ciertos grupos, que ha operado por décadas en estas entidades, que se niega a morir y que cuenta con toda una red de complicidades que le dan soporte y sustento.
Tenemos que cuidar que los sistemas estatales anticorrupción homologuen las acciones y políticas aprobadas por el Congreso de la Unión Federal y que no se pretendan aprobar leyes e instituciones por encima de lo establecido en las federales, bajo el pretexto de ser innovadores, cuando lo más probablemente, lo que busquen sea ocultar fechorías y proteger prestigios y fortunas mal habidas.
Ya conocemos perfectamente a los extremos a que ha llegado el “gatopardismo” en México en donde se cambia todo no sólo para que nada cambie, sino para simular, proteger los intereses de grupo y permitir que evadan la justicia los más poderosos.
Ahí tenemos los intentos de establecer sistemas estatales anticorrupción a modo en varias entidades del país, aún antes de ser aprobadas y publicadas las leyes federales respectivas en la materia y que, afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales. Han sido intentos no por ir a la vanguardia del combate a la corrupción en México, sino para mantener los privilegios y garantizar la impunidad de malos políticos y empresarios.
El Sistema Nacional Anticorrupción, requiere de sistemas estatales “espejo”, fuertes y confiables, construidos bajo las mismas normas y principios, y que permitan frenar la impunidad y la corrupción de manera integral en todas las regiones del país.
Debemos detener cualquier intento, por bien intencionado que sea, que pueda pervertir este esquema de coordinación nacional para combatir la corrupción. Si permitimos que cada estado agregue o quite a su conveniencia acciones y propósitos, lo que tendremos es un proyecto fallido, como muchos de los que conocemos en México.
¡Muchas gracias y sean felices!
manuelcardenasfonseca.mx
@m_cardenasf
