México. La Presidencia de la República dejó en claro que sobre el tema de los hidrocarburos no corresponde al Poder Ejecutivo ordenar al Congreso de la Unión sobre el proceso, tiempos o destino de las iniciativas enviadas por el primer mandatario.
En una carta firmada por el secretario particular del Presidente, Erwin M. Lino Zárate, se aclara que la propuesta de reforma energética enviada al Legislativo en todo momento garantiza la rectoría del Estado y la propiedad de la nación de los hidrocarburos.
Lo anterior en respuesta a otra misiva entregada en Los Pinos con fecha 23 de septiembre por José Agustín Ortiz Pinchetti, Bertha Elena Luján Uranga y Octavio Romero Oropeza, a nombre de Andrés Manuel López Obrador.
En ella el ex candidato a la Presidencia exhorta al jefe del Ejecutivo federal a llevar a consulta nacional su propuesta de reforma al sector energético, invitación que se extendió a ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Alude a los cambios a los artículos 27 y 28 de la Carta Magna que, según López Obrador, otorgaría a los particulares nacionales y extranjeros contratos de utilidad compartida y con ello se privatizaría la refinación de crudo.
Enseguida la carta de respuesta, que reproducimos textualmente:
“La propuesta de reforma energética que presentó el gobierno de la República garantiza en todo momento la estricta rectoría del Estado y la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos. Asimismo, permitirá al país aprovechar sus abundantes recursos energéticos facultando al Estado, cuando así convenga al interés del país, contratar al sector privado para aprovechar su tecnología y conocimiento, así como para promover la inversión.
“De esa manera se incrementará la producción de hidrocarburos y se logrará reducir los precios de la luz y del gas para las empresas y los hogares mexicanos, haciendo del sector energético una palanca del desarrollo nacional, promotora de cientos de miles de nuevos empleos.
“Actualmente, esta iniciativa se encuentra en el Senado de la República. Bajo la división de Poderes que marca la Constitución y que impera en el México democrático de hoy, no corresponde al Poder Ejecutivo señalar o sugerir la forma en que debe proceder el Congreso de la Unión, o alguna de sus Cámaras. El senado y la Cámara de Diputados, constituidos democráticamente con el voto de los mexicanos, tienen la soberanía para determinar de manera autónoma e independiente el destino de las iniciativas propuestas por el Presidente. (Con información de Excelsior)
