En conferencia de prensa, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Mañero, dio a conocer que se canalizaron 120 millones de pesos para la compra de votos en las reformas estructurales en 2013-2014 que fueron entregados a un diputado y cinco senadores.
Agregó que se enteraron 84 millones de pesos más a diversos legisladores, un secretario de Finanzas de un partido político; además de 200 millones de pesos para dirigirlos para la aprobación de la Reforma Electoral.
Emilio “L” entregó recibos de pagos, un video y cuatros testigos en el caso de los sobornos que se entregaron por órdenes del ex Presidente Enrique Peña Nieto y el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.
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Supuestos sobornos en 2012
“(Lozoya) señala que fueron (Peña Nieto y Videgaray) los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas”, detalló el fiscal sobre la denuncia de Lozoya.
En las presidenciales de 2012, Lozoya fue coordinador de Vinculación Internacional de la campaña de Peña Nieto, mientras que Videgaray fue uno de los dos coordinadores generales del equipo; el otro era Miguel Ángel Osorio Chong. Iniciado el sexenio, Lozoya fue nombrado al frente de Pemex y Videgaray de Hacienda.
Acusa compra de votos en el Congreso
Lozoya también denunció que Peña Nieto y Videgaray le ordenaron movilizar sobornos por 120 millones de pesos, dirigidos a legisladores para comprar votos en el Congreso y concretar la aprobación de las reformas estructurales entre 2013 y 2014. Una de esas reformas fue la reforma energética, que generó un fuerte debate en México y con la que se abrió el sector a la inversión privada nacional y extranjera.
Gertz Manero informó que Lozoya señala directamente a un diputado y cinco senadores como partícipes de esta supuesta trama de sobornos. El fiscal no reveló los nombres de los implicados; dijo que estos quedarán en reserva hasta que se judicialice el caso si se encuentran las pruebas suficientes para ello.
La denuncia de Lozoya llega a la Fiscalía General de la República (FGR) mientras él mismo se encuentra bajo proceso penal, acusado de los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. Lozoya libró la prisión preventiva y solo se le impusieron como medidas cautelares el uso de un brazalete y entregar su pasaporte, entre otras.
