Culiacán, Sinaloa, (Por Los Pasillos)
La diputada Paola Gárate exigió al Gobierno del Estado y al Sistema DIF Sinaloa construir una política pública específica para atender a las infancias afectadas por la violencia y dejar de tratar sus consecuencias como un daño invisible.
“La violencia también deja huérfanos. Y lo más grave es que hoy ni siquiera sabemos cuántos son”, señaló durante su posicionamiento ante el Pleno del Congreso del Estado y agregó que la violencia que se agudizó desde septiembre de 2024 no solamente ha dejado homicidios, desapariciones y desplazamientos: también está dejando niñas, niños y adolescentes sin madre, sin padre o sin la persona que sostenía y cuidaba su hogar, sin que siquiera exista un registro público que permita saber cuántos son ni en qué condiciones están viviendo.
La legisladora sostuvo que detrás de cada homicidio hay una familia y que detrás de cada persona desaparecida existen familiares que enfrentan las consecuencias de esa ausencia, “la respuesta gubernamental no puede terminar cuando concluye una balacera, se levanta una escena del crimen o se contabiliza un homicidio”.
La diputada también cuestionó las recientes declaraciones del secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, quien afirmó que la mayoría de las personas asesinadas en Sinaloa pertenecen a las facciones delictivas en disputa, “una afirmación de esa naturaleza no puede utilizarse para generalizar ni para colocar una sombra de sospecha sobre las víctimas, las responsabilidades individuales deben acreditarse, no suponerse. Y las víctimas merecen respeto, no estigmas”, manifestó.
“Una abuela que recibe en su casa a dos o tres nietos después del asesinato de su hijo no sustituye al Estado. Un tío que se hace cargo de una niña porque su madre desapareció no libera al gobierno de su responsabilidad. Una familia que abre sus puertas para evitar que un menor quede desamparado merece respaldo, no abandono”, afirmó.
La legisladora cuestionó que el Estado no cuente con información suficiente para dimensionar cuántas niñas, niños y adolescentes están enfrentando la pérdida de alguno de sus padres o de la persona responsable de su cuidado como consecuencia de la violencia.
La organización Tejiendo Redes Infancia, dijo, advirtió en agosto pasado que, a nivel nacional, las instituciones no cuentan con información suficiente para identificar a las hijas e hijos de personas desaparecidas, sus edades, necesidades y las respuestas que reciben. Su informe presentó una estimación exploratoria de alrededor de 165 mil hijas e hijos potencialmente vinculados con personas desaparecidas o no localizadas en México, aunque aclaró que la cifra no constituye un censo ni un registro oficial.
Esta falta de información revela un problema que va mucho más allá de una deficiencia administrativa “No se puede proteger a quien ni siquiera se ha querido contar, la desaparición o muerte de una madre, un padre o un tutor puede significar para una niña o un niño la pérdida simultánea de cuidados, ingresos, estabilidad, vivienda, continuidad escolar y seguridad emocional”.
LA PROPUESTA
Ante el Pleno, Paola Gárate propuso al Gobierno del Estado y al Sistema DIF Sinaloa implementar un programa integral que contemple:
1. Crear un registro estatal protegido de niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a su madre, padre o tutor como consecuencia de la violencia, con mecanismos de confidencialidad y protección de sus datos.
2. Establecer una ruta inmediata de atención médica y psicológica, con acompañamiento especializado para atender el duelo, el trauma y las consecuencias de la violencia.
3. Garantizar becas y mecanismos de permanencia escolar, para evitar que la pérdida de un familiar y la crisis económica del hogar obliguen a niñas, niños o adolescentes a abandonar sus estudios.
4. Crear apoyos específicos para las familias extensas —abuelas, abuelos, tíos y otros familiares— que hayan asumido el cuidado y sostenimiento de menores de edad.
5. Destinar presupuesto específico y establecer mecanismos de seguimiento, con objetivos, responsables e indicadores que permitan conocer cuántos menores son atendidos y cuáles son los resultados.
