El Imperio de la Ley VS Demagogos y Mentirosos

Manuel Cárdenas Fonseca..
El respeto al Estado de Derecho es una condición indispensable para el fortalecimiento de la vida democrática, económica y social de cualquier nación. Donde se respeta la ley hay mayor certidumbre para todos los miembros de la sociedad, se avanza con menos sobresaltos y más garantías, se respetan los derechos humanos por parte de los gobiernos, y los derechos de los otros entre los ciudadanos.

Por el contrario, donde se viola la ley prevalece la inseguridad, se da paso a la discrecionalidad y a la aplicación selectiva de las normas jurídicas y con ello, a la vulneración de libertades, de derechos sociales y de prácticas democráticas.

Por eso no deja de sorprenderme que políticos, analistas y comunicadores, que se cubren con un manto de “santidad” y sabiduría, promuevan la duda sobre nuestras leyes y nuestras instituciones, y con argumentos demagógicos y mentirosos pretendan influir en la opinión pública, para satanizar temas y decisiones tomadas por órganos públicos.

Para mí esto sólo representa irresponsabilidad fundada en la ignorancia (al menos), si no es que en la promoción de intereses oscuros, que no alcanzamos a identificar claramente. Muchas veces me pregunto ¿cuál será “la mano que mece la cuna” tras declaraciones tan absurdas y sin sentido que se escuchan desde las trincheras políticas o en voz de los pretendidamente autónomos e independientes “analistas políticos”? Tal parece que son intentos desestabilizadores enmascarados de compromiso social, y para ellos la ley “bien gracias”, interpretémosla a modo.

La remoción del Fiscal Electoral y la aprobación de la convocatoria en el Senado para elegir a su sustituto, ha sido la mejor muestra de cómo la simulación y la apariencia con fines mediáticos, está dominando el debate público y la argumentación jurídica. Ahora resulta que todos son defensores de la patria y del interés de los mexicanos, y hablan del Estado de Derecho, pero proponen violar la ley, para imponer intereses de grupos, o para dar un uso político electoral a este nombramiento.

Es este proceso se ha visto de todo. Se ha convertido en héroe y paladín de la democracia, al Fiscal removido, cuando todos sabemos de los pobres resultados que alcanzó la FEPADE durante su gestión; de su fracaso en casos muy sonados y conocidos por todos; de su protagonismo y su gusto por las cámaras y por las declaraciones públicas. Parece que nadie tampoco se acuerda de que el año pasado, este exFiscal formó parte de las ternas para ser Magistrado del Tribunal Electoral Federal, y apenas, a poco más de un año de haber sido nombrado por el Senado. Su salida de la FEPADE pudo haberse dado entonces.

Después de largas discusiones y especulaciones sobre los motivos y la pertinencia de la remoción del Fiscal Electoral, la aprobación de la convocatoria para la elección de su sustituto, se convirtió en una “tertulia de vanidades”, de propuestas con gran carga política pero violatorias de nuestra Constitución y nuestras leyes.

El grupo parlamentario PT-Morena (conformado de una forma al menos irregular [viola la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento del Senado]) pretendió que la convocatoria para el nombramiento del Fiscal Electoral fuera sólo para mujeres. Una propuesta muy rentable política y mediáticamente, pero los propios legisladores saben que violaría el artículo 1° constitucional y convenciones internacionales en materia de derechos humanos de los que México forma parte.

Después se presentó una convocatoria con una gran cantidad de requisitos para los que quisieran participar, los cuales no se encuentran en las leyes aplicables en la materia y que a todas luces resultan ilegales y violatorios de la Constitución federal.

Según ellos, el haber ocupado cargos de elección popular o de dirección dentro de un partido, debiera ser un impedimento para ser Fiscal Electoral. Ahora resulta que la vida partidista pervierte a los hombres y los vuelve poco confiables para ocupar otras responsabilidades públicas; igual sería si provienen de grupos económicos empresariales (cámaras) u organizaciones de particulares mal llamadas de la sociedad y creadas como pantalla de los intereses más perversos.

Ahora resulta que ocupar cargos dentro de partidos genera conflictos de intereses y te hacen inelegible para ser Fiscal Electoral. Yo no lo creo así, no sólo porque violenta derechos ciudadanos, sino también en la discusión doctrinaria y en la simple lógica el conflicto de intereses no se configura por pertenecer o no a un partido político o por haber ocupado un cargo de elección popular; el conflicto de intereses se da cuando hay un vínculo familiar, empresarial o de otro tipo con la persona o personas sobre las que hay que tomar una decisión.

La pertenencia a un partido político no vuelve a una persona impropia, corrupta o vendida; qué terrible pensar eso y promover esa idea entre la sociedad. Igual si es de un sindicato como COPARMEX u otra sigla “X”.

Después de esto, van a querer imponer que la militancia también te inhabilita y después también el ser simpatizante. Entonces ¿de dónde sacaremos a esos probos e inmaculados personajes (¿del poder del dinero?), con toda la capacidad y preparación, para ocupar estas fiscalías?

Cuando se nombró al señor Nieto como Fiscal Electoral sólo hubo 20 candidatos para el puesto y no se tenían las limitaciones partidistas. Además, la mayoría de los abogados que conocen sobre el tema electoral, trabajan para partidos o grupos. Menudo problema.

Pero lo más lamentable es que conociendo todo esto, diversos grupos en el Senado, enarbolando la bandera de la sociedad y de la democracia mexicana, de manera demagógica y mentirosa, intentaron sembrar la desconfianza entre la sociedad.

Cuando propuse la reserva para eliminar de la convocatoria estos inconstitucionales requisitos, varios compañeros legisladores me acusaron y me llamaron de todo. Lo que nunca pudieron decir, es que lo propuesto por mí fueran propuestas inconstitucionales e ilegales, porque toda mi vida personal y profesional he defendido y promovido el respeto a la ley.

El senador Zoé (con Z) Robledo, con el ánimo de descalificarme citó mi artículo del jueves pasado (qué bueno que me lea) pero sin entender su significado. Precisamente el párrafo que citó se refiere a ese intento de los políticos de hacernos rehenes de los intereses de sus partidos, haciendo interpretaciones amañadas de la ley, lo cual combato, como lo hice en esta ocasión. Lo que no dijo tampoco es que reiteradamente señalé en ese artículo que debemos consolidar a México como un país de leyes. Y claro, lo felicité por reconocerse (sic) “de lento aprendizaje”.

Yo creo que interpretaciones amañadas como las de los senadores Robledo y Barbosa, y de comunicadores como Carmen Aristegui y Denise Dresser, que han manifestado en este caso argumentos insostenibles, no sólo jurídica, sino política y socialmente, no hacen más que confundir a la sociedad, generar desconfianza y dañar a nuestras instituciones. No sé si están conscientes de las consecuencias de sus afirmaciones, o si son ellos los que realmente tienen conflictos de intereses. Yo por mi parte seguiré defendiendo el Estado de Derecho y trabajando para que el Imperio de la ley derrote en nuestro país a posiciones demagógicas y mentirosas.

¡Muchas gracias y sean felices!
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