Del plato a la boca

Marco Antonio Lizárraga….
“Sólo valen las palabras. El resto es charlatanería”, Eugene Ionesco

INVESTIGADOS
Justo cuando ya había pasado el trago amargo el malovismo referente a lo ocurrido con la inhabilitación y sanción de cuatro exfuncionarios estatales del gobierno pasado y que derivó la renuncia por motivos personales del exsecretario de Turismo Rafael Lizárraga Favela, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas asestó otro golpe.
Guadalupe Yan, dio muestra de nuevo de lo que una dependencia como la que representa debe de actuar conforme a derecho y no ceder ante lo que sucede, y pone enfrente un buen aliciente a la búsqueda de justicia.
Ya lo habíamos comentado hace meses, que era cuestión de tiempo para que Armando Villarreal Ibarra tendría que pasar por algo con lo que hizo a lo largo de todo el sexenio de Mario López Valdez como lo fue el jineteo y desviación de recursos.
Los primero pasos se dieron y esto ha derivado en la inhabilitación como funcionario público para ocupar en breve algún otro cargo dentro de la administración pública derivado de este proceso que se lleva.
A Villarreal Ibarra, se le inició un procedimiento administrativo porque omitió enterar al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES) diversas aportaciones patronales y cuotas de trabajadores por un monto de mil 175 millones de pesos, motivo por el cual se dictaminó su inhabilitación por siete años, cuando estas se cobraban a los trabajadores del estado.
Como efecto dominó se inhabilitó por cinco años el ex subsecretario de Egresos, Andrés Daniel Guzmán Cota, al encontrarse responsabilidad en dicha omisión.
A este último, se le aplicó otra sanción, derivado de irregularidades encontradas en los saldos iniciales de las cuentas bancarias del gobierno. El asunto está en que la administración pasada reportó un saldo de mil 88 millones 671 mil pesos, cuando en realidad se recibió la cuenta con 421 millones de pesos; es decir, una diferencia de 667 millones de pesos. Todos unos pillos.
Derivado de este mismo caso, cayó el ex director de Tesorería, Ernesto Herrera Félix, quien fue inhabilitado para ejercer cualquier cargo dentro del gobierno por tres años por un tema que pudo resolverse en todo el periodo.
Otro exsecretario que quedó inhabilitado, fue el ex secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo, de quien se encontraron irregularidades con dos convenios que rebasaron el 25 por ciento del plazo de ejecución y monto original del contrato, referentes a la construcción del cruce ferroviario del bulevar Enrique Tamayo en Culiacán, y la edificación de la Unidad Administrativa de Servicios Municipales de Navolato.
A esto se le agrega que Sevilla Suárez suscribió el contrato para la construcción del Centro de Justicia Penal de Sinaloa, Región Centro, sin contar con la autorización generar al gobierno un adeudo de 78.8 millones de pesos.
En los últimos meses de gobierno, Sevilla Suárez decía y señalaba que el sólo recibía una llamada de José Luis López Montiel para otorgarle la obra a quien se elegía.
Dentro de esta jugada, se suspendió por 90 días el ex director de Contratos, Carlos Ramón López Castro por la omisión de informar al ex secretario de Obras y Desarrollo Urbano de que no se contaba con la propiedad de los terrenos donde se ejecutaría la obra del cruce ferroviario .
Y además otra omisión que costó fue la del ex director de Control Administrativo de la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas, Dionisio Sánchez Félix, quien fue suspendido por seis meses, por no señalar que la dependencia carecía de los recursos suficientes para realizar la obra de la construcción del Centro de Justicia Penal, Región Centro, motivo por el cual se adeuda al contratista 78.8 millones de pesos.
Sin duda, esto continúa, y es justo mencionarlo que ahora sean tres exsecretarios los que hayan recibido sanciones correspondientes derivados de sus actos de corrupción y desvío de fondos como ya se explicó.
Aún falta que las investigaciones continúen, y faltan todavía algunas dependencias como la de Salud y Educación Pública que también brotará pus, pues es en ese rubro donde están inmiscuidos los socios comerciales del exsecretario de Salud Ernesto Echeverría Aispuro.
Pero esto pone de relieve la búsqueda del gobierno de Quirino Ordaz de sacar adelante el tema de la transparencia donde Guadalupe Yan está comenzado a dar resultados favorables en materia de impartición de justicia de aquellos que utilizaron mal los recursos.
Ya veremos que es lo que más depara.
Pero si habrá que ver cual es el desenlace, pues nos aseguran que esto apenas es la punta del iceberg.

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