Consensuado

Redaccion

Marco Antonio Lizárraga…………

“El hombre es el único animal con capacidad de observarse a sí mismo y que ha sido dotado de la dolorosa capacidad de haber querido siempre saber el porqué”,  Nadine Gordimer (1923-2014) Escritora sudafrican

OBJETIVIDAD

En política, las alianzas no comienzan cuando los dirigentes se sientan a firmar un convenio. Comienzan mucho antes, cuando los partidos miden sus estructuras, revisan sus posibilidades y calculan qué pueden aportar a una negociación.

Y eso es precisamente lo que empieza a observarse en Sinaloa rumbo a 2027. En una charla que sostuvimos ayer con Robespierre Lizárraga Otero, presidente del Partido Sinaloense, quedó planteada una idea que merece analizarse con detenimiento: el PAS está dispuesto a explorar acuerdos, pero también contempla competir solo.

Esa doble posibilidad adquiere especial relevancia ante un escenario que comienza a circular entre comentaristas y analistas políticos: una eventual alianza entre PAN, Movimiento Ciudadano y PAS, mientras el PRI todavía no aparece claramente incorporado a esa fórmula.

Lo primero que debe entenderse es que no existe, hasta donde se ha hecho público, un acuerdo definitivo entre esas tres fuerzas.

Una cosa son los acercamientos, otra las coincidencias políticas y una muy distinta la decisión de compartir candidaturas. Sin embargo, el solo hecho de que esa combinación comience a discutirse permite identificar un cambio en la conversación opositora.

Ya no se trata exclusivamente de preguntarse si habrá una alianza contra Morena, sino de examinar qué partidos podrían integrarla, bajo qué condiciones y con qué perfiles. Y en esa discusión el PAS busca tener una participación propia, no limitarse a esperar las decisiones de organizaciones con presencia nacional.

Robespierre habla de estructura, militancia y trabajo territorial. Son elementos que, desde la perspectiva de su dirigencia, permitirían al Partido Sinaloense participar de manera independiente.

Pero conviene desmenuzar lo que eso significa. Una estructura partidista puede aportar organización, representantes, conocimiento de las comunidades y capacidad para sostener actividades políticas en distintos municipios. Lo que no puede darse por hecho es que cada afiliado se convierta automáticamente en un voto. Esa diferencia será fundamental para evaluar la posición real del PAS: la organización es un recurso político; la competitividad electoral debe acreditarse ante los ciudadanos.

Por eso resulta significativo que el partido comience a mencionar prospectos. En Culiacán aparece Ricardo Adán Pérez Durán; en Mazatlán, Óscar Tirado y Miguel Alduenda, este último vinculado con el sector pesquero; mientras que en Ahome se ha mencionado a Yolanda Luna Cerón.

Son nombres que deberán pasar por los procedimientos internos correspondientes y que todavía no representan candidaturas oficiales. Su importancia, por ahora, está en que permiten identificar dónde pretende participar el PAS y qué perfiles considera para hacerlo.

No es lo mismo llegar a una mesa de negociación solicitando espacios que presentar cuadros concretos cuya trayectoria, propuestas y aceptación ciudadana puedan ser examinadas.

Aquí aparece el concepto de partido pivote. En términos políticos, no significa necesariamente ser la fuerza con mayor votación, sino encontrarse en una posición desde la cual se puede contribuir a articular acuerdos entre organizaciones con intereses distintos.

Para el PAS, esa posibilidad dependería de que PAN y Movimiento Ciudadano encuentren coincidencias suficientes y de que la propia organización sinaloense pueda demostrar qué aporta en cada municipio.

Su presencia territorial podría formar parte de esa conversación, pero cualquier acuerdo tendría que construirse sobre compromisos verificables, no solamente sobre cálculos de dirigencias.

Pero el análisis estaría incompleto si no se examina a los posibles compañeros de ruta.

El PAN tiene una dirigencia estatal encabezada por Wendy Barajas, quien ha confirmado encuentros con representantes del PAS y del PRI.

Movimiento Ciudadano, bajo la conducción de Sergio “Pío” Esquer, constituye una pieza distinta: cualquier participación en una coalición tendría que responder tanto a las decisiones de su estructura estatal como a los criterios de su dirigencia nacional.

No basta con que otros partidos deseen incorporarlo.

MC tendría que decidir si una alianza corresponde a su estrategia y qué condiciones estaría dispuesto a aceptar. Esa es una diferencia fundamental entre una combinación atractiva para el análisis político y un acuerdo electoral realmente posible.

¿Y el PRI? Aquí conviene detenerse, porque su ausencia en la fórmula PAN-MC-PAS que algunos comentaristas comienzan a mencionar no significa que esté fuera de las conversaciones.

El 14 de octubre se documentó una reunión entre Wendy Barajas, Mario Zamora y Robespierre Lizárraga, con participación también de Héctor Cuén Díaz. Ese encuentro confirma que existe interlocución entre PAN, PRI y PAS.

Lo que todavía no está definido es si las conversaciones conducirán a una alianza de tres partidos, de cuatro o a acuerdos más limitados.

El PRI conserva sus propias aspiraciones y cuadros políticos, y cualquier entendimiento tendría que resolver cómo se distribuirían las candidaturas y qué proyecto compartirían organizaciones con historias e intereses diferentes.

Hay otra diferencia que merece explicarse al lector: una coalición total no es lo mismo que una parcial, una flexible o una candidatura común.

Los partidos podrían coincidir en una elección y competir por separado en otra, siempre dentro de las modalidades y requisitos previstos por la legislación aplicable. Por eso, hablar de una alianza para la gubernatura no significa automáticamente que habría acuerdos idénticos en Culiacán, Mazatlán, Ahome o Guasave.

Cada municipio tiene liderazgos, antecedentes electorales y circunstancias propias. Ahí es donde los prospectos del PAS adquieren relevancia, porque sus nombres podrían formar parte de negociaciones diferenciadas, sin que eso implique que tengan asegurada una postulación.

Tampoco debe perderse de vista que Robespierre Lizárraga ha dejado abierta su propia participación en la elección de gobernador.

Ese antecedente incorpora otra dimensión a su papel como dirigente: además de conducir las conversaciones del PAS, ha reconocido públicamente una aspiración personal que, llegado el momento, tendría que sujetarse a las definiciones de su partido.

La coincidencia de ambas responsabilidades vuelve especialmente importante que las decisiones sobre candidaturas respondan a procedimientos claros y que los perfiles sean evaluados por sus propuestas, trayectoria y respaldo ciudadano.

La convocatoria presentada este miércoles en Mazatlán añade un componente que va más allá de las negociaciones entre dirigentes.

El PAS pretende recoger diagnósticos y propuestas ciudadanas para construir su plataforma política.

Ese ejercicio podría servir para dar contenido a una eventual alianza o a una participación independiente, siempre que las aportaciones se traduzcan en compromisos concretos.

Porque uno de los problemas recurrentes de las coaliciones electorales es que suelen discutirse primero los nombres y después las propuestas. Invertir ese orden permitiría saber si existen coincidencias suficientes sobre seguridad, economía, servicios públicos y desarrollo regional antes de negociar quién ocupará cada candidatura.

Y aquí llegamos al punto central de la conversación con Robespierre: competir solo no es necesariamente lo contrario de buscar una alianza. Para el PAS, preparar candidaturas propias puede ser una forma de conservar autonomía política mientras explora acuerdos.

Pero esa autonomía también implica asumir los costos y responsabilidades de una participación independiente.

Una elección en solitario permitiría presentar una plataforma sin compromisos con otras organizaciones; una alianza exigiría construir coincidencias y aceptar decisiones compartidas.

Ninguna de las dos rutas garantiza resultados por sí misma.

De aquí a las definiciones electorales habrá que observar tres asuntos: si los acercamientos entre PAN, MC y PAS se convierten en conversaciones formales; qué papel decide asumir el PRI; y si los perfiles que comienzan a mencionarse logran construir propuestas y presencia ciudadana más allá de sus estructuras partidistas.

Esas respuestas permitirán distinguir entre una posibilidad comentada en los círculos políticos y un proyecto electoral con bases concretas.

Por ahora, Robespierre Lizárraga ha colocado al Partido Sinaloense en una discusión que no se limita a acompañar o rechazar una alianza.

Está planteando que el PAS quiere participar en la definición de sus términos y conservar la alternativa de competir con sus propias siglas. Ese es el significado de su posible papel como pivote: no determinar por sí solo el rumbo de los demás partidos, sino convertirse en un interlocutor dentro de una negociación todavía abierta.

Y quizá esa sea la reflexión más importante de este jueves.

En Sinaloa comienza a hablarse de una alianza PAN-MC-PAS, pero existe una conversación documentada que también incluye al PRI. Entre ambos escenarios todavía hay distancia, intereses por conciliar y decisiones pendientes.

El PAS ya puso algunos nombres sobre la mesa y asegura tener estructura para caminar solo. Ahora corresponderá a cada fuerza política demostrar qué proyecto propone, qué coincidencias puede construir y qué está dispuesta a comprometer.

Porque las alianzas pueden acordarse entre dirigentes, pero su verdadero sentido político solamente se conoce cuando la ciudadanía entiende para qué se construyeron.

PERSPECTIVA

Hay expresiones que, en medio de la intensa actividad política rumbo a 2027, merecen detenerse a analizar por lo que revelan sobre la manera de entender el ejercicio del poder.

Durante un encuentro con reporteros y columnistas, María José Salazar, vinculada a las tareas de afiliación del Partido del Trabajo y con aspiraciones de participación en la coordinación municipal de la Cuarta Transformación en Mazatlán, planteó una reflexión que va más allá de las candidaturas: la necesidad de recuperar el sentido humanista del gobierno municipal.

Su argumento parte de una premisa sencilla, pero profundamente política: el Ayuntamiento debe ser la institución más cercana a la ciudadanía y no una estructura distante de quienes necesitan sus servicios.

Uno de los planteamientos más interesantes de Salazar tiene que ver con lo que denomina una reingeniería de la administración municipal.

No se trata únicamente de reducir trámites o modernizar oficinas, sino de revisar cómo se identifican las necesidades, se gestionan los recursos y se ejecutan los programas públicos.

Su observación sobre los apoyos federales que pueden dejar de aprovecharse por falta de gestión abre una discusión pertinente, aunque conviene precisar que las reglas de ejercicio y devolución de recursos varían según cada programa.

En un municipio como Mazatlán, donde las demandas de infraestructura, servicios y atención social son constantes, la eficiencia administrativa puede representar una diferencia importante entre disponer de un presupuesto y convertirlo efectivamente en soluciones.

Pero quizá la parte más significativa de su intervención estuvo en la crítica a una práctica que no pertenece exclusivamente a un partido: la transformación del servidor público en una figura que exige reconocimiento en lugar de ofrecer atención.

Cuando María José habla de funcionarios que se comportan como emperadores o iluminados, introduce un cuestionamiento a las formas de ejercer la autoridad.

La cercanía con la población no debería depender de fotografías, recorridos o discursos, sino de la capacidad de escuchar, responder y dar seguimiento a los problemas.

Ese principio resulta especialmente relevante para quienes buscan responsabilidades públicas, porque el verdadero sentido del servicio no se demuestra solamente durante una etapa de aspiraciones.

También llamó la atención que colocara sobre la mesa dos asuntos que suelen quedar relegados frente a las grandes obras y las disputas electorales: la salud mental de los jóvenes y las dificultades económicas que enfrentan estudiantes destacados para continuar su formación o participar en competencias académicas.

Sus referencias a intentos de suicidio entre jóvenes requieren datos oficiales para dimensionar el problema, pero permiten identificar una preocupación que merece atención institucional.

Lo mismo ocurre con el talento académico que encuentra obstáculos económicos para desarrollarse. Son temas que obligan a pensar el bienestar más allá de los indicadores tradicionales de inversión y crecimiento.

En el terreno político existe, además, una particularidad que no debe pasar inadvertida. María José Salazar desarrolla actividades dentro del Partido del Trabajo, una fuerza aliada de Morena que también tiene intereses y procedimientos propios rumbo a 2027.

Su participación en la conversación sobre la coordinación municipal refleja cómo los espacios políticos de la Cuarta Transformación reúnen aspiraciones que no necesariamente provienen de una sola estructura partidista.

Esto adquiere relevancia en Mazatlán, donde Morena, PT y Partido Verde deberán definir sus respectivas rutas y, eventualmente, los términos de cualquier acuerdo electoral. Expresar una visión de gobierno no equivale todavía a obtener una candidatura, pero sí permite comenzar a contrastar propuestas.

La conversación con María José deja una reflexión que vale la pena conservar: escuchar a la ciudadanía es indispensable, aunque el desafío comienza cuando esa escucha debe traducirse en decisiones, presupuestos y resultados verificables.

Su propuesta de un gobierno humanista, cercano y administrativamente eficiente plantea asuntos concretos para el debate municipal.

Ahora corresponderá conocer cómo podrían llevarse a la práctica esas ideas, qué mecanismos permitirían evaluar su cumplimiento y de qué manera responderían a las necesidades de Mazatlán.

Porque gobernar con sentido humano no consiste solamente en mantener abiertas las puertas de una oficina, sino en lograr que las instituciones funcionen para quienes más las necesitan.

Y quizá una de las discusiones que deberían ocupar mayor espacio rumbo a 2027 no sea únicamente quién aspira a gobernar Mazatlán, sino qué entiende cada aspirante por servir a su gente.

CAMINO ARADO

Jorge Hariz Piña vuelve a ocupar espacio en la conversación política de Escuinapa, ahora como uno de los aspirantes registrados para la Coordinación Municipal de Defensa de la Cuarta Transformación.

Su participación no es un acontecimiento aislado, sino parte de una trayectoria de varios años en la política local, donde ha combinado responsabilidades en la administración pública, actividades empresariales y trabajo de organización ciudadana.

Su registro del pasado 9 de octubre representa una nueva etapa dentro de ese recorrido, esta vez bajo los procedimientos internos de Morena.

Uno de los aspectos que distingue su actividad reciente es la atención que ha dado a las comunidades y a los sectores organizados del municipio. El encuentro con ejidatarios de Cristo Rey, por ejemplo, permitió abordar propuestas y necesidades directamente con representantes de la comunidad.

También ha mantenido recorridos y reuniones con estructuras territoriales de Morena, una dinámica que responde a la importancia de los comités seccionales en el proceso de organización partidista. Son actividades que permiten conocer demandas locales, aunque su alcance deberá valorarse por la continuidad de los compromisos y los resultados que puedan producir.

Hay un elemento adicional que merece atención: Hariz ha colocado en sus intervenciones públicas asuntos relacionados con las finanzas municipales, el funcionamiento de los servicios públicos, la situación del campo y las dificultades económicas de Escuinapa.

Su diagnóstico incorpora problemas que van más allá de la competencia por una coordinación partidista. Sin embargo, los señalamientos sobre la situación financiera del Ayuntamiento y la actuación de sus autoridades requieren contrastarse con información oficial, mientras que las propuestas de solución deberán examinarse por su viabilidad presupuestal y administrativa.

En el terreno político, la competencia interna es amplia. Reportes publicados el 21 y 27 de octubre identifican alrededor de diez aspirantes a la coordinación municipal, entre ellos exfuncionarios, representantes partidistas y una regidora en funciones. Por tanto, la presencia territorial de Hariz debe entenderse dentro de un proceso abierto, sujeto a las evaluaciones, encuestas y criterios que determine Morena.

Su participación en el encuentro con Imelda Castro, donde se reiteró el llamado a la unidad, también muestra que la cohesión interna será uno de los asuntos relevantes una vez que se conozcan las definiciones.

La trayectoria de Hariz también tiene antecedentes que forman parte del escrutinio público. En el pasado enfrentó un procedimiento penal relacionado con su desempeño como funcionario municipal; en una entrevista publicada por Noroeste en 2020 afirmó que había obtenido una sentencia absolutoria en 2015.

Ese antecedente debe tratarse con precisión, sin convertir una acusación histórica en una responsabilidad vigente ni sustituir la revisión documental correspondiente.

Escuinapa necesita que la discusión política rumbo a 2027 incorpore respuestas concretas sobre seguridad, agricultura, finanzas públicas y servicios básicos. La actividad de Jorge Hariz Piña ofrece elementos para examinar una propuesta que insiste en el contacto territorial y la reorganización administrativa.

Su siguiente desafío será explicar cómo traducir ese diagnóstico en medidas realizables y cómo sostener el diálogo con las distintas comunidades, independientemente del resultado de su proceso partidista.

Porque recorrer un municipio permite escuchar sus necesidades, pero la dimensión de un proyecto público se conoce cuando esas demandas se convierten en propuestas claras, responsabilidades definidas y resultados que la ciudadanía pueda evaluar.

 marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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