¿Puede Congreso desconocer a alcalde provisional de Ahome?
Por Oswaldo Villaseñor Tras la solicitud de licencia por 90... Leer más →
Ciudad de México. (Por los Pasillos) El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional solicitó al Senado de la República exhortar al Ejecutivo federal y a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) a que informen sobre el estado de las investigaciones o sanciones de los actos reportados por este órgano técnico, con relación a las observaciones en el gasto del Gobierno federal durante el año 2016.
Mediante un punto de acuerdo presentado este jueves, la bancada panista indicó que en el informe 2016 de la ASF se encontraron diversas problemáticas relacionadas con el ejercicio de recursos públicos. Los factores más dañinos son, entre otros:
1. Afectación al erario.
2. Desfase entre resultados esperados y obtenidos.
3. Discrecionalidad en la toma de decisiones.
4. Información financiera-contable incorrecta o insuficiente.
5. Vulnerabilidad en las finanzas públicas.
Además, los senadores panistas advirtieron que en dicho informe la ASF señaló que durante 2016 se rompió el récord de dinero público federal utilizado de forma discrecional, cuyo monto asciende a 114 mil 250.3 millones de pesos; 21 veces más que lo detectado en la Cuenta Pública del año 2000.
Asimismo, de 2012 a 2016, el órgano fiscalizador detectó un exceso de adjudicaciones directas a proveedores, hasta por un monto de 6 mil 880 millones 701 mil 900 pesos.
Subrayaron que las irregularidades de dichos gastos se dieron en el marco de las formas de adjudicación.
“Es importante destacar que las adjudicaciones en el margen de la legalidad y la discrecionalidad las encabeza el Ejecutivo Federal, con una erogación en 2016 de 3 mil 550 millones de pesos; es decir, 627 millones más de lo autorizado”, indicaron.
De 2013 a 2015, los “extras” de esos gastos ascienden a 10 mil 359 millones de pesos; es decir, 57 por ciento más de lo autorizado en el Presupuesto de Egresos, dijeron.
Expusieron que también se detectaron adjudicaciones a empresas cuyo objeto social no está en la prestación del contrato y creadas tan sólo 45 días antes de su invitación.
“Los montos no son menores, sino por millones de pesos, como en el caso de la compra de uniformes para el Estado Mayor”, abundaron.
