Los Tiempos de la Ley

Manuel Cárdenas Fonseca..
Existe la creencia equivocada de que para todo hay un tiempo específico; que hay un tiempo para la política, un tiempo para la ley y un tiempo para la justicia, y que unos influyen sobre los otros. Pero yo no creo en esa falsa premisa, aunque por décadas en nuestro país, han buscado hacerlo realidad en los hechos. Pero eso no es más que una perversión inaceptable.

Ya hemos hecho de la especulación y la suspicacia una práctica nacional, en donde dudamos de todo, no creemos en nada y creamos historias fantásticas de cualquier cosa, sin tomar en cuenta los hechos, por claros que estos sean. Desde hace cerca de 15 años he señalado que estamos sentados en la mesa de las desconfianzas. Todo esto no hace más que alejarnos cada vez más de nuestro propósito de ser un país donde se actúe con apego a la ley y se respeten los derechos y las garantías de todos los ciudadanos, durante todos los días, de todos los años.

Siempre he defendido que la ley no debe conocer de tiempos, ni de condiciones, y que siempre serán tiempos políticos para aplicar la ley e impartir la justicia. La ley y la justicia deben caminar en paralelo a los políticos y su política sin que éstos últimos desvíen el sentido de aquellas.

Por supuesto que sabemos el uso político que se le ha dado a la ley en muchos momentos de nuestra historia y eso es totalmente reprobable. Pero lo que si me sorprende es que cuando se aplica la ley, cuando se respetan los derechos y garantías de cualquier ciudadano, o de algún ciudadano en particular, se sostenga que fueron decisiones políticas, como si no estuvieran apegadas a derecho.

En días pasados, se le concedió finalmente la prisión domiciliaria (que en estricto sentido debería ser detención domiciliaria porque no está purgando una pena) a la maestra Elba Esther Gordillo por cuestiones de edad y de salud y esto pareció ofender a muchos que entendieron este beneficio como una prebenda política, más que como un derecho consignado en nuestras leyes.

No se trata de defender o juzgar a persona alguna, se trata de que en nuestras leyes existen beneficios que son aplicables a todos los que caigan en ese supuesto y no solamente a una persona en particular. Son disposiciones legales que ya han sido aplicadas en muchos otros casos, de personas no sólo sujetas a proceso, sino también a varias que fueron encontradas culpables y condenadas por delitos verdaderamente graves y, en el caso de ella, se han venido desvaneciendo todas las imputaciones y la falsedad de las mismas cuando debió de prevalecer la presunción de inocencia, pero las primeras, esas que se concedieron a personas con sentencias firmes, nadie las cuestionó. Como tampoco nadie ha cuestionado todos los amparos concedidos, sugiero indebidamente, a Juan Díaz (“flamante Presidente” del SNTE) para que acuda a proceso y al careo con Elba Esther. En fin.

Más allá de opiniones y condenas públicas, tenemos que reconocer los hechos jurídicos y estos nos dicen que la maestra Gordillo, ha estado en prisión por más de 4 años sin haber sido condenada por delito alguno. Los hechos nos dicen que la maestra Gordillo ha ganado una gran cantidad de amparos y que hoy tiene pendientes solo dos procesos de los muchos que originalmente se le imputaban.

El artículo 166 del Código del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece claramente que “En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que proceda”. En este sentido, es claro y además se ha acreditado ante las autoridades, que la maestra Gordillo, padece de enfermedades degenerativas, es un adulto mayor y no representa un peligro social, por lo que este artículo le es aplicable, como a cualquier persona que esté en una situación similar. Sin embargo, por más de dos años, se le ha privado de este beneficio que otorga la ley y a eso no le podemos llamar justicia, ni aplicación estricta de la ley.

Insisto que la ley debe ser igual para todos, independientemente del peso político o social que tenga la persona, no podemos pedir una aplicación discrecional de la ley que responda a nuestras opiniones individuales. Debemos tener claro que el cumplimiento de la ley nos aplica a todos los mexicanos y que los beneficios legales también son para todos los que nos encontremos en condiciones iguales.

No debe (pero en este país de justicia e impunidad selectiva si lo hay) haber una aplicación de la ley distinta para unos y para otros, ni la justicia debe depender de momentos, “tiempos” o intereses políticos. Ya es tiempo que dejemos de lado las especulaciones y hagamos de la aplicación de la ley una realidad cotidiana, que no dé lugar a interpretaciones o dudas.

Por mi parte seguiré defendiendo la aplicación de la ley sin tomar en cuenta circunstancias políticas, tiempos o condicionamientos. Mientras tanto les deseo una ¡feliz navidad!
¡Muchas gracias y sean felices!
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