Ciudad de México. (Nota y foto de ANIMAL POLITICO) La legislación aprobada establece que el nombramiento del Fiscal General se sujetará a lo estipulado en el artículo 102 de la Constitución, el cual indica que ante la ausencia del titular, el Senado tendrá 20 días para integrar una lista de al menos 10 candidatos, que enviará al presidente, quien tendrá 10 días para formular una terna que regresará al Senado para que el Pleno elija al fiscal de manera definitiva.El pleno del Senado aprobó en lo general el dictamen que expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, institución que sustituirá a la actual PGR.
Con 70 votos en favor y 47 en contra y cero abstenciones fue avalado el dictamen de la ley que tiene por objeto reglamentar la organización, el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación.
Si el presidente no recibe la lista en el tiempo establecido, enviará “libremente al Senado una terna y designará provisionalmente al fiscal General” e incluso podrá formar parte de la terna que compita por la desgnación definitiva.
Más de 300 organizaciones civiles agrupadas en el colectivo #FiscalíaQueSirva han insistido, desde 2017, que no se debe nombrar a un fiscal sin antes reformar el artículo 102 de la Constitución, pues consideran que este procedimiento no garantiza la total autonomía ni del fiscal ni de la fiscalía.
Entre los puntos clave del procedimiento que marca la Constitución para elegir al fiscal y, en contra parte, la propuesta de reforma de #FiscalíaQueSirva. Las diferencias no están solo en el procedimiento para escoger al funcionario, sino también en los requisitos de los candidatos y en los alcances de su puesto para remover a otros
iscales.
Por ejemplo, mientras que el artículo 102 cosntitucional establece que quien aspire a ser fiscal general debe ser mexicano de nacimiento, tener al menos 35 años de edad, ser titulado en Derecho desde hace al menos 10 años, y no tener antecedentes por delitos dolosos, la propuesta de #FiscalíaQueSirva agrega a los requisitos que el aspirante no haya sido candidato o haya ocupado un cargo de elección popular, ni haya tenido puestos de dirección en partidos políticos, por lo menos en los 4 años previos a su designación.
A diferencia de lo aprobado por el Senado, las organizaciones proponen elaborar una lista de al menos seis candidatos previo concurso público y evaluación técnica.
