Ciudad de México.
El Pleno del Senado de la República aprobó diversas modificaciones a la Ley General de Víctimas, a fin de garantizar, proteger y promover los derechos de las víctimas de delitos, y dotar de herramientas a las instituciones encargadas de atenderlas.
La Senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, importante activo en la defensa de los derechos humanos en el Senado de la República, destacó la trascendencia de estas modificaciones que permitirán atender a los desplazados en el país y especialmente a los desplazados de Sinaloa, recordó que desde hace tres años que ocurrieron los hechos violentos del Platanar de los Ontiveros, en Concordia, Sinaloa, empezó la búsqueda para formalizar la atención a víctimas de desplazamiento forzado interno, motivación a la que luego se le fueron sumando los lamentables hechos de desplazamiento forzado interno en los municipios de Choix y Cosalá, con sus consecuentes afectaciones a muchos pobladores que vieron perder su patrimonio y tranquilidad, “hoy esta lucha que ha dado frutos” afirmó.
En el debate ante el Pleno, la senadora Diva Gastélum, subrayó que en el dictamen se establece el tema del desplazamiento forzado interno, “una de las tareas que no habíamos querido reconocer, y que hay cientos de familias que viven divagando, sin los recursos, que perdieron sus patrimonios, y que hoy, tenemos elementos tan importantes para poder atender a estas víctimas”.
Destacó que el Senado, ha puesto en marcha lo que le corresponde para que las víctimas obtengan la ayuda que se merecen, se flexibilizan los mecanismos de acceso a los recursos del Fondo, se fortalecen el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación que son necesarias y urgentes para subsanar las necesidades diarias de las víctimas y que hoy se encuentran sujetos a mecanismos burocráticos.
ATENCION PARTICULAR
Dijo que para garantizar el derecho de las personas migrantes y de las víctimas de desplazamiento interno, deberán ser atendidas con base en un enfoque diferencial y especializado, que atienda de manera particular las principales afectaciones y consecuencias de estos grupos vulnerables.
Del mismo modo, apuntó, el dictamen establece la obligación de las entidades federativas de contar con un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, asesoría jurídica y un registro de víctimas, con lo cual la CEAV y las Comisiones Ejecutivas de los estados puedan, con cargo al Fondo Federal o a los fondos estatales según corresponda, proporcionar recursos de ayuda.
También se incluye que las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en la Ley, pues en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que haya lugar.
