Poner condiciones

Redaccion

Marco Antonio Lizárraga

“Los débiles no luchan. Los más fuertes quizás luchen una hora. Los que aún son más fuertes, luchan unos años. Pero los más fuertes de todos, luchan toda su vida, éstos son los indispensables”,  Bertolt Brecht (1898-1956) Dramaturgo y poeta alemán.

Poner condiciones

PROGRAMA

La seguridad en Sinaloa suele analizarse a partir de operativos, detenciones, despliegues de fuerzas federales y resultados de las corporaciones policiales. Sin embargo, existe otra dimensión que merece la misma atención: la prevención de la violencia desde las comunidades, particularmente entre los jóvenes que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

En ese contexto aparece el programa “Jóvenes Unen al Barrio”, una estrategia que la gobernadora Graciela Domínguez Nava ha incorporado a la agenda estatal como parte de los esfuerzos para fortalecer la convivencia social y recuperar espacios comunitarios. Su importancia no radica únicamente en las actividades que contempla, sino en la posibilidad de construir alternativas para las nuevas generaciones.

La propuesta parte de una realidad que no puede ignorarse. La seguridad pública no depende exclusivamente de la presencia policial. También está relacionada con las oportunidades educativas, el acceso al deporte, la cultura, la integración familiar y la existencia de espacios donde los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades sin quedar expuestos a entornos de violencia.

Un aspecto relevante es que el programa plantea la participación juvenil como parte de la solución.

No se trata solamente de llevar actividades a las colonias, sino de involucrar a sus habitantes en la recuperación de los espacios públicos y en la construcción de relaciones comunitarias. Esa participación puede contribuir a fortalecer el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad social.

La información presentada durante el encuentro del 18 de noviembre permite dimensionar el alcance inicial de la estrategia.

De acuerdo con el Gobierno estatal, participan más de mil 920 jóvenes sinaloenses y se autorizó ampliar la inscripción hasta alcanzar los cinco mil. La cobertura incluye comunidades de Culiacán, Navolato, Mazatlán y Escuinapa, con la perspectiva de extenderse a otros municipios.

El respaldo de la administración de Graciela Domínguez a una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum muestra una línea de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno. Pero el verdadero alcance del programa dependerá de su continuidad, de la atención que reciban los participantes y de la posibilidad de vincular estas actividades con oportunidades educativas, laborales y de desarrollo personal.

Hay un punto especialmente importante: no debe confundirse la participación de miles de jóvenes con una reducción comprobada de la violencia. Son indicadores distintos. El primero permite medir la cobertura de una política pública; el segundo requiere evaluaciones de mediano y largo plazo que permitan conocer si las intervenciones están produciendo los cambios esperados.

Tampoco puede depositarse toda la responsabilidad de la prevención en un solo programa. Las condiciones que favorecen la exclusión social tienen múltiples causas y requieren respuestas coordinadas en materia de educación, empleo, salud, seguridad y desarrollo comunitario. “Jóvenes Unen al Barrio” puede contribuir a ese esfuerzo, pero necesita formar parte de una estrategia más amplia.

En el caso de Sinaloa, resulta significativo que se busque involucrar directamente a las juventudes en la recuperación de sus comunidades. Durante mucho tiempo, la discusión sobre la violencia ha colocado a los jóvenes principalmente desde la perspectiva del riesgo. Reconocerlos también como ciudadanos capaces de organizarse, participar y contribuir al bienestar colectivo permite ampliar la manera de abordar el problema.

La gobernadora Graciela Domínguez tiene ante sí la oportunidad institucional de dar seguimiento a esta estrategia y fortalecer su articulación con los municipios.

La ampliación de la cobertura representa un compromiso que deberá acompañarse de recursos, supervisión y mecanismos para conocer la experiencia de quienes participan.

Porque la construcción de paz no comienza ni termina con un operativo de seguridad. También se desarrolla en una cancha rehabilitada, en una actividad cultural, en la posibilidad de continuar estudiando y en la recuperación de los espacios donde conviven las familias.

La relevancia de “Jóvenes Unen al Barrio” está precisamente en esa perspectiva: atender las condiciones sociales que rodean a las nuevas generaciones, sin sustituir las responsabilidades que corresponden a las instituciones de seguridad y justicia.

Y si algo merece destacarse de esta iniciativa es que coloca sobre la mesa una tarea que Sinaloa necesita sostener más allá de cualquier coyuntura: ofrecer a sus jóvenes oportunidades reales para construir un proyecto de vida dentro de sus propias comunidades.

PRESENCIA

La presencia territorial continúa siendo un elemento importante dentro de la organización política en Sinaloa, particularmente en municipios como Badiraguato, donde la dispersión de las comunidades y las condiciones geográficas hacen necesario mantener una comunicación constante con sus habitantes.

En ese contexto, Verónica Avilés Rochín ha desarrollado encuentros en Surutato y San José del Llano, mediante asambleas informativas relacionadas con la Cuarta Transformación, las políticas de bienestar y la participación ciudadana, siguiendo la dinámica de organización promovida por Imelda Castro Castro en distintos municipios del estado.

Un aspecto que merece atención es su acercamiento a las comunidades serranas, donde el contacto directo permite conocer inquietudes que difícilmente pueden identificarse desde las cabeceras municipales. La distribución del periódico Regeneración y el intercambio de opiniones forman parte de ese trabajo de difusión y organización política.

La actividad de Avilés Rochín también permite observar la importancia que mantiene el trabajo comunitario dentro de los procesos de organización partidista. En municipios con numerosas localidades rurales, las reuniones presenciales representan una oportunidad para establecer comunicación con sectores que no siempre participan de manera constante en los espacios políticos tradicionales.

Otro elemento relevante es la continuidad de los recorridos. Las visitas a Surutato y San José del Llano forman parte de una agenda territorial que, de acuerdo con sus publicaciones, busca extenderse hacia otras comunidades de Badiraguato. Esa presencia permite mantener abiertos espacios de diálogo y conocer las distintas realidades sociales del municipio.

Sin embargo, el alcance de estos encuentros no debe medirse exclusivamente por su realización o por las expresiones de respaldo recibidas. También será importante conocer qué mecanismos se establecen para dar seguimiento a las inquietudes planteadas y cómo pueden canalizarse las necesidades comunitarias ante las instancias correspondientes.

En el escenario político que comienza a configurarse rumbo a 2027, las actividades territoriales permiten observar las formas de organización de los distintos liderazgos. En el caso de Verónica Avilés Rochín, sus recorridos muestran una participación activa en la difusión de los planteamientos del movimiento y en el contacto con habitantes de las comunidades serranas.

Porque en la actividad política, la cercanía con la ciudadanía adquiere mayor significado cuando trasciende las reuniones informativas y se convierte en una comunicación permanente, capaz de escuchar, dar seguimiento y mantener presentes las necesidades de la población.

EN LA MIRA

En Mocorito comienza a tomar forma otro de los movimientos políticos que deberán observarse rumbo a 2027. Se trata de Óscar Camacho Rodríguez, actual regidor y uno de los perfiles que el Partido Verde Ecologista de México ha colocado sobre la mesa para participar en las próximas definiciones municipales.

Su presencia en el escenario político no responde únicamente a una aspiración personal. El respaldo expresado por Ricardo Madrid Pérez, dirigente estatal del Verde, durante los encuentros realizados en Mocorito y Pericos, muestra que su participación forma parte de una estrategia de organización partidista que busca fortalecer la presencia del PVEM en el municipio.

Hay un elemento que merece atención. El Partido Verde no solamente pretende acompañar las decisiones de sus aliados, sino también presentar perfiles propios y participar en la construcción de acuerdos. En Mocorito, Óscar Camacho representa esa intención, respaldada por una estructura partidista que ha comenzado a movilizarse territorialmente.

Su responsabilidad como regidor también constituye un antecedente que deberá considerarse. El trabajo dentro del Ayuntamiento permite conocer los procedimientos municipales, las demandas ciudadanas y las dificultades que enfrentan las comunidades. Sin embargo, será importante observar cómo esa experiencia se refleja en propuestas concretas para el municipio.

El respaldo de Ricardo Madrid tiene significado dentro del PVEM, aunque no equivale a una candidatura definida por una eventual coalición. Las decisiones sobre alianzas y postulaciones todavía deberán pasar por los procedimientos correspondientes, donde también intervienen los intereses y acuerdos de las distintas fuerzas políticas.

Por ahora, Óscar Camacho mantiene presencia en la discusión política de Mocorito desde una posición respaldada por su dirigencia estatal. Su participación permitirá observar hasta dónde puede llegar la propuesta del Verde y qué papel tendrá este partido en la construcción de los acuerdos municipales rumbo a 2027.

Porque en los procesos de organización política, contar con el respaldo de una dirigencia representa un punto de partida; convertirlo en una propuesta con contenido y presencia ciudadana requiere continuidad, diálogo y trabajo territorial.

APOYO

La llegada de diciembre representa para Mazatlán una temporada de convivencia familiar, celebraciones y actividad económica, particularmente para los sectores relacionados con la música y los servicios.

Sin embargo, las condiciones de seguridad también forman parte de las preocupaciones de quienes organizan reuniones y festejos de fin de año.

En ese contexto, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez ha reconocido la inquietud ciudadana y ofrecido acompañamiento preventivo de la Policía Municipal para posadas y celebraciones. La disposición de atender solicitudes mediante el 072 o directamente ante las corporaciones representa una medida que busca facilitar la comunicación entre las autoridades y la población.

Otro aspecto relevante es la atención al gremio musical, especialmente a los integrantes de las bandas sinaloenses, cuya actividad tiene una importancia económica y cultural para Mazatlán.

La decisión de convocar a sus representantes para escuchar sus planteamientos abre un espacio de diálogo sobre las condiciones en las que desarrollarán su trabajo durante diciembre.

La medida plantea también un desafío operativo: organizar los apoyos preventivos sin descuidar la vigilancia cotidiana de las colonias y comunidades. Para ello será importante establecer mecanismos claros de solicitud, coordinación y respuesta.

Más allá de los anuncios, lo significativo será que las familias puedan celebrar y los músicos continuar trabajando en condiciones de seguridad.

En Mazatlán, donde las tradiciones decembrinas forman parte de la identidad social y económica, la coordinación entre ciudadanía y autoridades puede contribuir a recuperar espacios de convivencia y confianza.

ENFOQUE

El PRI en Sinaloa, encabezado por César Emiliano Gerardo Lugo, mantiene una agenda política que combina los cuestionamientos al gobierno estatal, la exigencia de transparencia en las instituciones electorales y la búsqueda de acuerdos entre las fuerzas opositoras rumbo a 2027.

Durante su reciente encuentro con medios en Guasave, el dirigente solicitó investigar los señalamientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei en el INE y expresó observaciones sobre el quinto informe de gobierno, particularmente en seguridad, salud y atención a los sectores productivos. Son planteamientos que deberán contrastarse con información oficial y, cuando corresponda, investigaciones de las autoridades competentes.

Sin embargo, uno de los aspectos centrales de su posicionamiento es la insistencia en construir una alianza con PAN, PAS y Movimiento Ciudadano, pese a que este último partido ha manifestado su intención de mantener una ruta independiente.

El PRI asegura contar con 244 defensores territoriales y presencia organizativa en los 20 municipios. Esa estructura forma parte de su preparación electoral, aunque las conversaciones sobre posibles alianzas continúan abiertas.

El escenario plantea dos tareas distintas para la dirigencia priista: mantener su organización interna y definir hasta dónde existen coincidencias reales con otras fuerzas políticas. Porque una alianza no depende solamente de compartir críticas al gobierno, sino de construir acuerdos sobre propuestas, responsabilidades y objetivos comunes.

marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx

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