Culiacán, Sinaloa, (Por Los Pasillos)
La diputada local del PRI, Paola Garate Valenzuela advirtió que las consecuencias de lo que se vive e Sinaloa trascienden la seguridad pública, pues afectan la actividad económica, la confianza, el turismo y las condiciones de vida de quienes habitan en el municipio y en toda la región sur del estado.
Lo anterior al presentar su posicionamiento ante el pleno del Congreso del Estado, la legisladora señaló que lo que ocurre en Mazatlán, donde pidio a la gobernadora Graciela Domínguez una estrategia de seguridad efectiva para recuperar la paz en Sinaloa
Señaló que octubre cerró con 112 personas asesinadas en el municipio de Mazatlán, entre ellos 12 personas que perdieron la vida en las balaceras y motines dentro del centro penitenciario El Castillo, incluso un niño de apenas 2 años de edad, sin que hasta la fecha nadie explique cómo ingresaron las armas al penal bajo custodia del gobierno estatal..
En ese sentido, presentó cuatro exigencias concretas para transformar la política de seguridad en Sinaloa:
- Crear un verdadero sistema estatal de inteligencia policial, coordinado con las fuerzas federales, pero con capacidades propias de investigación, análisis y prevención del delito.
- Implementar una estrategia específica para Mazatlán, con objetivos medibles, responsables identificados y mecanismos de rendición pública de resultados, para que las acciones de seguridad dejen de limitarse a anuncios sin evaluación.
- Realizar una intervención integral en los centros penitenciarios de Sinaloa, que incluya revisión de mandos, controles de ingreso, decomiso de armas, combate a la corrupción y recuperación efectiva del control institucional.
- Asumir plenamente la responsabilidad del gobierno del estado en materia de seguridad, porque la coordinación con las autoridades federales no significa renunciar a las obligaciones constitucionales e institucionales que corresponden a la administración estatal.
La legisladora priista enfatizó que la crisis no puede seguir enfrentándose con explicaciones ni justificando la falta de resultados, pues la sociedad sinaloense demanda respuestas y acciones que permitan recuperar la tranquilidad en sus municipios.
Asimismo, sostuvo que el Congreso del Estado no puede permanecer como espectador ante la situación que vive la entidad, ya que su responsabilidad es representar a la ciudadanía y exigir cuentas a quienes tienen la obligación de garantizar la seguridad.
En ese contexto, cuestionó que la respuesta gubernamental continúe concentrándose en anunciar despliegues de fuerzas federales, como la llegada de cuatro mil elementos adicionales de la Guardia Nacional, cuando lo que se necesita es una estrategia integral que permita recuperar el territorio, investigar a las estructuras criminales y prevenir los hechos delictivos.
