Marco Antonio Lizárraga…
“No existe la casualidad, y lo que se nos presenta como azar surge de las fuentes más profundas”, Friedrich Schiller (1759-1805) Johann Christoph Friedrich von Schiller
Actualizar estrategias
GIRO
La visita de Omar García Harfuch y del Gabinete de Seguridad federal a Mazatlán dejó algo más que anuncios y cifras sobre los operativos realizados en Sinaloa.
La firma de convenios entre la Federación, el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento representa una nueva etapa de coordinación institucional frente a una crisis de violencia que exige respuestas permanentes.
La inversión anunciada de 900 millones de pesos, el fortalecimiento de las corporaciones policiales, la incorporación de vehículos tácticos y el proyecto del C4 Carretero forman parte de una estrategia que busca ampliar las capacidades de vigilancia, investigación y reacción.
La presencia de los titulares de Defensa, Marina, Guardia Nacional y Seguridad y Protección Ciudadana también confirma la atención que el Gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene sobre Sinaloa.
García Harfuch reconoció el incremento de hechos violentos registrado recientemente en Mazatlán y planteó la necesidad de ajustar los despliegues conforme cambien las condiciones de seguridad.
El mensaje tiene importancia porque reconoce que la estrategia requiere evaluación constante y que el número de elementos desplegados, por sí solo, no resuelve el problema.
En medio de este escenario aparece la gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien asumió una responsabilidad institucional de especial relevancia al recibir al gabinete federal y formalizar los acuerdos de colaboración.
Su participación permite observar la continuidad de las tareas del Gobierno del Estado en un momento donde la coordinación entre autoridades resulta indispensable.
No se trata únicamente de encabezar un acto protocolario, sino de asumir compromisos que deberán traducirse en equipamiento, mejores capacidades policiales y seguimiento a las acciones acordadas.
Hay un aspecto que merece atención. Graciela Domínguez colocó la recuperación de la paz como una responsabilidad compartida entre Sinaloa y la Federación.
Su mensaje estuvo acompañado por la firma de dos convenios con Omar García Harfuch y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, que contemplan la entrega de bienes en comodato, incluidos 60 vehículos para las corporaciones de seguridad.
Es una medida concreta dentro de un problema que requiere coordinación operativa, recursos y continuidad administrativa.
Y aquí está lo interesante. La responsabilidad de gobernar también se expresa en la capacidad de mantener funcionando las instituciones, atender compromisos y dar seguimiento a las decisiones que se toman junto con otras autoridades.
En materia de seguridad, esa continuidad resulta especialmente importante porque los cambios administrativos no pueden convertirse en interrupciones de las acciones destinadas a proteger a la población.
Graciela Domínguez participa así en una etapa que exige diálogo permanente con la Federación, seguimiento a los convenios y atención a las necesidades de los municipios.
Los acuerdos representan instrumentos para fortalecer la respuesta institucional; sus resultados deberán medirse en la reducción de la violencia y en la tranquilidad que puedan recuperar las familias sinaloenses.
Porque la seguridad no se construye solamente con declaraciones de voluntad. Requiere decisiones, coordinación y la capacidad de sostener los compromisos más allá de los actos oficiales.
Y esa es precisamente la responsabilidad que queda sobre la mesa después de la visita del gabinete federal.
En Mazatlán, por su parte, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez abrió un nuevo capítulo en la conducción de la seguridad pública municipal.
La designación del coronel de la Guardia Nacional Remigio Cruz Domínguez como titular de Seguridad Pública y Tránsito Municipal constituye un cambio de mando que debe analizarse a partir de las necesidades actuales del puerto y de las responsabilidades que corresponden al Ayuntamiento.
No es un movimiento aislado.
La alcaldesa también suscribió un convenio con la Guardia Nacional para la capacitación y el adiestramiento de policías municipales, con una primera etapa prevista para 50 elementos.
La combinación de un nuevo mando, respaldo operativo federal y formación policial plantea una oportunidad para fortalecer las capacidades de la corporación local, particularmente en prevención, proximidad social y atención a emergencias.
Hay una decisión administrativa que merece observarse sin perder de vista el contexto.
Modificar la conducción de una corporación policial implica reconocer la necesidad de revisar su funcionamiento y ajustar las herramientas disponibles.
En un municipio que enfrenta episodios de violencia entre bandas rivales, mantener una estrategia sin evaluar sus resultados tampoco sería una respuesta suficiente.
El cambio adquiere sentido en la medida en que esté acompañado de objetivos claros, supervisión y resultados verificables.
Estrella Palacios ha colocado la coordinación con las instituciones federales como parte de la respuesta municipal , y eso es un acierto.
La solicitud de un mando militar y el convenio de capacitación muestran una línea de trabajo que busca aprovechar la experiencia y los recursos de la Guardia Nacional, sin que ello elimine la responsabilidad propia del gobierno municipal en la prevención del delito y la seguridad cotidiana.
Pero hay otro punto importante. La prevención no comienza ni termina con la presencia de patrullas.
También requiere policías capacitados, conocimiento de las colonias, atención oportuna a las denuncias y recuperación de la confianza ciudadana, y en eso había asignatura pendiente con la corporación municipal.
Por eso, el fortalecimiento institucional anunciado puede tener efectos más amplios si se traduce en una corporación cercana a la población y con mejores condiciones para cumplir sus funciones.
La llegada de Remigio Cruz Domínguez abre una etapa de reorganización que deberá evaluarse por su capacidad para mejorar la respuesta policial.
La experiencia del nuevo secretario es un antecedente, pero los resultados dependerán también de la coordinación con los elementos municipales, la definición de prioridades y la continuidad de los programas preventivos.
Y ahí aparece la responsabilidad de la alcaldesa. Los convenios y los cambios de mando son decisiones de gobierno que generan expectativas legítimas entre los ciudadanos.
VA DE NUEVO
La situación política y jurídica de Culiacán continúa en un terreno donde las decisiones institucionales deben prevalecer sobre las interpretaciones.
La licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil sigue vigente y, mientras las instancias correspondientes no determinen lo contrario, Ana Miriam Ramos Villarreal mantiene la responsabilidad de conducir la administración municipal.
Hay un elemento que merece atención.
La alcaldesa provisional ha sostenido que el permiso fue aprobado por unanimidad del Cabildo y que sus condiciones no han sido modificadas. Su postura busca dar certeza sobre la continuidad del gobierno municipal, aunque también deja abierta una discusión jurídica sobre los alcances de una licencia superior a diez días y los procedimientos que deben seguirse.
Pero más allá de las diferencias políticas que puedan surgir alrededor de este asunto, Culiacán necesita una administración que mantenga sus servicios, atienda sus compromisos y responda a las demandas ciudadanas. Ana Miriam tiene frente a sí la responsabilidad de garantizar esa continuidad sin anticipar decisiones que corresponden a otras autoridades.
Y aquí aparece la cuestión de fondo.
El futuro político de Juan de Dios Gámez dependerá de las resoluciones legales y de los procedimientos institucionales aplicables, no solamente de las declaraciones de los actores involucrados. Mientras tanto, el Ayuntamiento debe funcionar con normalidad.
Porque una investigación puede modificar el escenario político de una administración, pero no debería detener el funcionamiento de una ciudad.
Y en Culiacán, donde las necesidades de la población no admiten pausas, esa diferencia resulta fundamental.
El punto jurídico central no está en que la licencia de Juan de Dios Gámez Mendívil haya superado los diez días, sino en determinar si conserva su carácter temporal conforme a los términos autorizados por el Cabildo.
El artículo 119 de la Constitución de Sinaloa y el artículo 20 de la Ley de Gobierno Municipal permiten que una ausencia superior a ese periodo sea cubierta por una presidencia municipal provisional. Por ello, mientras no exista una resolución o un acto jurídicamente válido que modifique esa situación, la continuidad de Ana Miriam Ramos Villarreal tiene como fundamento el acuerdo del Ayuntamiento.
Una eventual ausencia definitiva requeriría un procedimiento distinto, con intervención del Congreso del Estado cuando legalmente corresponda.
En aras de cumplirle a Mazatlán en materia de prevención y seguridad, corresponde ahora convertir esos acuerdos en acciones visibles en colonias, comunidades, zonas comerciales y espacios públicos.
Porque la presencia del gabinete federal representa respaldo institucional, pero la tranquilidad de una ciudad también se construye desde sus calles.
El verdadero significado de esta nueva etapa estará en que los compromisos anunciados se reflejen en una mejor atención a la población y en condiciones de mayor seguridad para las familias mazatlecas.
marcoantoniolizarraga@entreveredas.com.mx
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